Email

Plebiscito en Colombia


 
  Por Dr. Carlos Murillo Zamora 26 julio 2016

La semana pasada la Corte Constitucional de Colombia emitió una resolución, a partir de la consulta de constitucionalidad de un proyecto de ley, autorizando la convocatoria a un plebiscito para que sea la ciudadanía la que decida si se acepta o no el acuerdo negociado entre el gobierno colombiano y las FARC. Este es un paso fundamental para lograr la ansiada paz, tras 64 años de conflicto armado (sin olvidar que el ELN apenas intenta iniciar negociaciones con el gobierno; pero es un grupo armado muy pequeño). Sin embargo, la decisión de la corte tiene una serie de vericuetos que en el lenguaje colombiano cotidiano la hace tramposa.

En la decisión se establece que el plebiscito es un acto político, que solo es vinculante para el gobierno del Presidente Santos, por lo que no genera efectos jurídicos; como algunos sectores planteaban que el referéndum convertiría el acuerdo de paz un componente de la constitución. La resolución de la instancia constitucional quiere decir que, en caso de triunfar el sí, el mandatario procedería a firmar el acuerdo; siendo el congreso el responsable de la adopción de las leyes necesarias para hacerlo efectivo. Ahora bien, para que la opción ganadora (ya sea el si o el no) sea vinculante debe recibir al menos el 13% del total del padrón electoral -se estima que son 4.5 millones de electores-. En caso que ninguna de las opciones alcance esa cifra, la decisión no es vinculante para el gobierno. En las pasadas elecciones presidenciales votaron más de 13 millones de colombianos.

Quienes apoyan la gestión de Santos consideran que participarán más del 50% de los electores, porque la sociedad colombiana está deseosa de poner fin al conflicto armado. Ahora bien, en caso que con esa participación ganara el no, las opciones del mandatario no estarían agotadas, pues el congreso podría restituirle algunas atribuciones constitucionales para tramitar las leyes necesarias. El problema sería de legitimidad de la gestión presidencial para tramitar un acuerdo que fue rechazado por la ciudadanía. Además, Santos expresó que sería la población la que decidiría sobre el futuro de la paz en Colombia.

Pero más allá de esto, como puntualizó una congresista de la fracción uribista -la cual se opone al acuerdo-, la situación es bastante compleja, hay muchas pequeñas aristas que no se pueden obviar. Entre los cuestionamientos están detalles como: qué sucede si al momento del plebiscito los miembros de las FARC mantienen sus armas; deberán los combatientes haberse incorporado a las zonas establecidas para su desmovilización; quién protegerá a los opositores al acuerdo -tanto ciudadanos como entre integrantes de la guerrilla-; qué sucede con los combatientes de alguno de los frentes que deciden no desmovilizarse; y cómo se hará efectiva la inserción de los excombatientes en la sociedad colombiana para llegar a constituirse en actores políticos, para citar solo unos pocos aspectos.

En definitiva, Colombia enfrenta un momento clave para construir su futuro; sin embargo, la implementación del acuerdo -tras el referéndum- es apenas el punto de partida de un largo proceso, que comenzó en agosto de 2012 con las negociaciones entre el gobierno y las FARC.

 

← El autoritarismo del Presidente Erdogan Atentado en Niza: Un punto de inflexión →
Dr. Carlos Murillo Zamora

Profesor e investigador de las Universidades de Costa Rica y Nacional de Costa Rica. Consultor internacional. Doctor en Gobierno y Políticas Públicas. Autor del blog camuza.codebeta.net.